Acumulación por desposesión y el mito de la privatización
En el capitalismo contemporáneo, la acumulación ya no se sostiene exclusivamente sobre la producción de valor, sino sobre mecanismos sistemáticos de desposesión. Como advierte David Harvey, esta fase se caracteriza por prácticas que incluyen promociones bursátiles engañosas, esquemas piramidales, manipulación crediticia, endeudamiento masivo y la destrucción deliberada de activos para facilitar su apropiación a bajo costo VIA PRIVATIZACIÓN.
No se trata de desviaciones del sistema: son su núcleo operativo.
Casos emblemáticos como el colapso de Enron evidencian cómo millones de personas pueden ser despojadas de sus pensiones y medios de vida mediante fraudes corporativos estructurados. Pero más allá de episodios aislados, el fenómeno adquiere dimensión global cuando fondos especulativos y grandes instituciones financieras inducen crisis de liquidez —como ocurrió en el Sudeste Asiático— para forzar quiebras empresariales y facilitar la transferencia masiva de activos hacia capitales extranjeros.
Este proceso se profundiza con nuevas formas de desposesión: los regímenes de propiedad intelectual impulsados desde la Organización Mundial del Comercio mediante acuerdos como TRIPS han permitido la apropiación de recursos genéticos, conocimientos ancestrales y bienes comunes. La biopiratería y la mercantilización de la naturaleza —tierra, agua, aire— consolidan un modelo donde todo se convierte en activo transable.
Paralelamente, la privatización de servicios públicos y derechos sociales constituye una nueva ola de cercamiento de los bienes comunes. Pensiones, salud, educación y recursos estratégicos son progresivamente transferidos al control corporativo, muchas veces mediante el uso del poder estatal contra la voluntad popular. Este patrón revela una constante histórica: en tiempos de crisis de sobreacumulación, el capital recurre a la desposesión como vía de supervivencia.
En este contexto, resulta imprescindible analizar los discursos contemporáneos que promueven la privatización de activos estratégicos bajo la retórica de eficiencia y modernización. En el caso venezolano, la insistencia en privatizar PDVSA revive los postulados neoliberales de los años 80 y 90, ignorando tanto la experiencia histórica como las restricciones constitucionales. La empresa petrolera no es un activo cualquiera: constituye una base material de soberanía y una herencia intergeneracional.
La contradicción es evidente. Mientras se proclama el “empoderamiento económico” y el desarrollo nacional, se reproduce una estructura orientada a la entrega de recursos estratégicos a intereses externos. Actores políticos diversos —desde figuras como Leopoldo López, MCM, académicos y entre otros, hasta sectores que se identificaban con el oficialismo— convergen en una misma lógica: competir por quién privatiza más y más rápido.
Pero la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿por qué vender lo que pertenece a todos? ¿Por qué renunciar a ventajas geoestratégicas y a fuentes de financiamiento orgánico? Alternativas como la monetización de commodities, el desarrollo de mecanismos financieros endógenos o la recuperación y reinversión de capitales sustraídos y saqueados al país, son sistemáticamente ignoradas.
Lo que se presenta como reforma económica no es más que la actualización de un modelo de acumulación por desposesión. Un modelo que no crea riqueza, sino que la redistribuye regresivamente; que no fortalece la soberanía, sino que la diluye; que no resuelve crisis, sino que las administra para beneficio de unos pocos.
En última instancia, la disputa no es técnica sino política: se trata de decidir entre la defensa de los bienes comunes o su liquidación. Y en ese dilema, la historia ha demostrado que la privatización no es sinónimo de progreso, sino muchas veces el preludio de una nueva forma de dependencia.
Colombia, Abril de 2026
